Otura

Otura 14 - abril -2010. El alcalde de Otura, Ignacio Fernández Sanz (PP), para quien el fiscal ha mantenido su petición de ocho años de inhabilitación por presunta prevaricación en el procedimiento seguido para destinar 6.000 euros a una actuación de la banda municipal y otras agrupaciones, ha defendido su actuación.

El fiscal acusa al alcalde de haber destinado a ese concepto los 6.000 euros recibidos de un promotor inmobiliario como anticipo de las licencias municipales que el Ayuntamiento le pudiera conceder en un futuro, sin que existiera consignación presupuestaria para la actuación musical y sin que hubiera mediado procedimiento de contratación alguno con la banda y los grupos musicales en cuestión.

Durante la celebración del juicio, que ha quedado hoy visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada, el alcalde, que llevaba un mes ejerciendo como tal cuando ocurrieron los hechos, en agosto de 2007, ha dicho que ese pago se contabilizó luego mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito a final de año.

Según ha explicado, optó por esa fórmula después de que la interventora, con la que consultó el asunto, le trasladara que no había partida presupuestaria para aportar los 3.000 euros que solicitaba la banda municipal en concepto de ayuda para la celebración, ese agosto, del certamen anual de bandas municipales que ya había sido contratado por el equipo de gobierno anterior.

El alcalde mantiene que la interventora le dijo que meses atrás el anterior equipo de gobierno contactó con un empresario para que, como anticipo de licencias municipales, le entregara 17.000 euros para pagar los uniformes de la banda, según Fernández Sanz, que se decantó por esa opción y recurrió a un promotor con el que mantenía amistad por negocios familiares y que a su llegada a la alcaldía se había ofrecido a ayudar económicamente al nuevo gobierno local.

El alcalde, para quien solucionar el problema del certamen de las bandas musicales urgía, dice que pidió entonces al empresario los 6.000 euros que necesitaba para pagar a la banda municipal (3.000 euros) y a las otras agrupaciones musicales que tenían previsto actuar ese verano (los 3.000 euros restantes), como anticipo de las licencias municipales que debía cobrar el Ayuntamiento en virtud de varios proyectos inmobiliarios previstos por este empresario, que recibiría el dinero en tres años si al final no pedía las licencias.

El regidor sostiene que el equipo de gobierno anterior no contrataba las actuaciones de la banda municipal ni ésta recibía una cantidad fija, sino que se establecía en función de cada actuación, lo que ha ratificado el tesorero de la agrupación musical.

Por su parte, el empresario, que ha declarado en calidad de testigo, ha sostenido que no fue él quien se ofreció a prestar el dinero porque no es "la Virgen de Fátima", sino que fue el alcalde quien se dirigió a él para recabar su colaboración económica y la de otros promotores del municipio dada la mala situación de las arcas.

"Me dijo que le diera como mínimo 30.000 euros", según el empresario, que mantiene que el alcalde le recordó a él y a su hijo que tenían "muchos intereses en el pueblo", por lo que él entendió que si no le ayudaba económicamente, saldría perjudicado.

Este empresario, que acusa al Ayuntamiento, al que también prestó un solar para la celebración de las fiestas, de hacerle "perrerías", está imputado por cohecho en otro procedimiento a raíz de una denuncia del alcalde, que le acusa de haberle ofrecido tres millones a cambio de no recepcionar una urbanización promovida por él.

En calidad de testigos también han declarado, entre otros, la entonces interventora municipal, que ha dicho que tuvo conocimiento de la recepción de los 6.000 euros seis meses después, durante la celebración de un pleno, momento en el que el dinero tuvo "registro contable", y el concejal de IU Ángel Pertíñez, de quien partió la denuncia inicial que ha derivado en el juicio.

El concejal de IU, que tuvo conocimiento de los hechos por el empresario, ha mantenido que el alcalde le negó inicialmente haber recibido dinero del promotor y que la regularización del expediente de ese gasto se hizo ocho meses después.