Otura

OTURA: LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OTURA DECLARA POR SUPUESTA PREVARICACION.

La polémica suscitada por las licencias concedidas para la urbanización y primera ocupación de 50 viviendas llevó a los promotores a presentar inicialmente un recurso de reposición para tratar de anular el acuerdo del pleno, lo que provocó un cruce de denuncias por la via penal.

Otura 25-octubre-2008 Los miembros de la junta de gobierno de Otura, con el alcalde Ignacio Fernández Sanz (PP) a la cabeza, declararon ayer como imputados en el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe por presunta prevaricación en el proceso de concesión de licencia de urbanización y primera ocupación de 50 viviendas, que se otorgaron con los informes desfavorables de los técnicos municipales.

El alcalde fue el primero en acudir ante el juez para explicar la tramitación en la concesión de las licencias de una urbanización sin estar concluidas las obras, según la denuncia presentaba por el promotor, el empresario José Puertas. A lo largo de la mañana también comparecieron los concejales Francisco Pérez Cabrera, Pedro Luis Francisco Cabanillas, Maria Antonia López Bascuñana y Maria Dolores Dobaño; miembros todos ellos de la junta de gobierno local.
Tras la toma de declaración, el alcalde prefirió no pronunciarse hasta que no concluya la investigación judicial.

La polémica suscitada por las licencias concedidas para la urbanización y primera ocupación de 50 viviendas llevó a los promotores a presentar inicialmente un recurso de reposición para tratar de anular el acuerdo del pleno, lo que provocó un cruce de denuncias por la via penal.

El alcalde llegó incluso a denunciar al empresario por un intento de soborno, en torno a 3 millones de euros, y a su hijo, por calumnias, esta última causa se archivó.

Los empresarios también han emprendido un contencioso para tratar de recuperar el aval de 3 millones de euros.

 LA FISCALÍA HABÍA IMPUTADO AL ALCALDE Y SU GRUPO DE GOBIERNO

El origen de este acontecimiento se produjo, según consta en el Decreto de la Fiscalía Sección de Urbanismo y Medio Ambiente, tras el acuerdo tomado por parte de la Junta de Gobierno Local, sesión 25/2007 de fecha 29 de octubre donde resolvió por unanimidad la recepción total de las obras de la urbanización “Las Alondras”, sin estar terminada y con condiciones, a pesar de que la petición de recepción por parte del promotor era parcial, siendo el informe contrario de los técnicos municipales, prescindiendo a su vez del preceptivo informe jurídico.

Por otra parte el alcalde dictó resolución 85/2007 de 16 de Noviembre dando por subsanados los defectos y por cumplidas las condiciones señaladas en la Junta de Gobierno y procedió a la recepción de las obras de urbanización, contraviniendo con ello las garantías y disposiciones legales aplicables.

Por otro lado con fecha 23 de julio de 2007, La Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad la concesión licencias de ocupación para cuatro viviendas en la urbanización de los sectores B y C del Plan Parcial Sector 5 (Urbanización las Alondras) incumpliendo la Ley 7/2002 de 17 de diciembre (LOUA) que prohíbe expresamente que se concedan licencias de primera ocupación sin la previa finalización de las obras de urbanización. Este extremo les había sido advertido por parte de los técnicos municipales en el informe emitido con fecha 18 de julio de 2007. Los miembros de la Junta de Gobierno Local prescindieron, a su vez, del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad, exigido por el artículo 172.4ª LOUA y el Artículo 4 del Reglamento de Disciplina Urbanística, a pesar de que tal omisión había sido advertida por el Secretario del Ayuntamiento en informe emitido a tal efecto.

Del mismo modo, en sesión 21/2007, de fecha 1 de octubre de 2007, también de forma unánime, los populares, votaron favorablemente la adopción de tres acuerdos por los que se concedía licencia de ocupación para dieciséis, dos y veintiocho viviendas respectivamente, en la urbanización aludida, con idénticas infracciones legales, pues las obras de urbanización seguían sin estar terminadas ni recibidas, se actuaba en contra de lo informando por la técnico municipal en fecha 28 de septiembre de 2007 y se prescindía igualmente del preceptivo informe jurídico.